En el Territorio Mexicano, debido a las características geográficas, socio-económicas y productivas, demuestran que es preciso emprender acciones urgentes para que las poblaciones vulnerables puedan minimizar estos impactos de la crisis climática y hacer su parte en disminuir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Por ello, las organizaciones hicieron un llamado para que la Ley General de Cambio Climático, que se ha trabajado desde hace dos años y que fue aprobada por los senadores, ahora sea revisada en el próximo periodo ordinario de sesiones por los diputados.
Esta Ley establece las bases para fortalecer un marco regulatorio y de política pública que permita a México emprender el camino hacia un desarrollo bajo en emisiones, al que deberán dirigirse todos los países para hacer frente a uno de los más grandes retos de la humanidad. Esta transición puede traducirse en importantes ahorros para México y en una gran oportunidad para crear empleos y mejorar la competitividad, a través de un nuevo esquema de desarrollo que promueva el crecimiento económico en armonía con el medio ambiente y el bienestar social.
Se estima que las inversiones en energía renovable -excluyendo hidroeléctricas- alcanzaron 21 mil millones de dólares en el mundo, 32 por ciento más que el año anterior y 540% más que en 2004. México es uno de los países con mayores recursos para generar energía renovable y si no camina a este paso, estará perdiendo una gran oportunidad de crecimiento verde.
El proceso multilateral de negociación sobre cambio climático ha demostrado limitaciones que deben superarse de forma rápida para evitar que la temperatura del planeta aumente más de 2°C, lo que requiere de rápidas y efectivas acciones nacionales", señaló Gustavo Ampugnani, coordinador de campañas de Greenpeace México.
México asumió responsabilidades y compromisos ante el régimen internacional de cambio climático y está obligado a cumplirlos. Para ello, se requiere que en el ámbito nacional exista un marco regulatorio adecuado que le permita alcanzar los compromisos asumidos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 30 por ciento para 2020 y en 50 por ciento para 2050", agregó Ampugnani.
Las 12 organizaciones que integran este Grupo consideran que esta Ley es fundamental porque promueve, entre otras cosas:
- El tránsito hacia una economía competitiva de bajas emisiones en carbono.
- La regulación de emisiones y compuestos de efecto invernadero.
- La concurrencia entre la federación, las entidades federativas y los municipios.
- La regulación de las acciones de mitigación y la adaptación.
- El fomento a la educación, la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología.
- Los mecanismos para la integración de la perspectiva de equidad de género y la inclusión de la sociedad civil, el sector privado, la academia, los jóvenes y las comunidades indígenas en el proceso de toma de decisiones.
- El diseño y promoción de instrumentos económicos, fiscales y financieros.
- La elaboración de previsiones presupuestales para la adaptación y mitigación con el fin de reducir la vulnerabilidad del país.
- La formulación de una política en materia de cambio climático en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, los programas estatales y con otras leyes aplicables.
- Los mecanismos de evaluación y seguimiento de dicha Ley.
El Grupo de Financiamiento está conformado por 12 organizaciones de la sociedad civil: Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, el Centro de Colaboración Cívica, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Centro de Transporte Sustentable de México (CTS), Comunicación y Educación Ambiental S.C., el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Fundar, la Fundación Heinrich Böll, Greenpeace México A.C., el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), Transparencia Mexicana.
El grupo, que opera desde agosto del 2010, tiene como propósito impulsar medidas para combatir el cambio climático como el análisis de presupuesto, el fortalecimiento del marco legal, el fortalecimiento de la política pública y la puesta en marcha de mecanismos de transparencia para México.
Fuente: Greenpeace.com
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