El programa incluye medidas como cambios en la factura eléctrica y mejora de la infraestructura y la imposición de tasas sobre vehículos y combustibles, así como un notable incremento del incentivo económico para la retirada de vehículos antiguos contaminantes.
También animará a las empresas de transporte público a comprar autobuses menos contaminantes y lanzará un proyecto piloto con tres de ellos urbanos alimentados por GLP (Gas Licuado del Petróleo), al que de momento se opone el Ministerio de Seguridad Pública.
